Meta Nacional I.1

La principal medida adoptada por Chile para el cumplimiento de esta meta corresponde a la promulgación de la Ley N° 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Este nuevo Sistema y Servicio completan la institucionalidad ambiental del país (establecida por la Ley de Bases del Medio Ambiente, Ley N° 19.300), la cual comenzó a reformarse en 2010 con la creación del Ministerio del Medio Ambiente.

El nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) abarca ecosistemas terrestres, marino-costeros y de aguas continentales y constituye el principal instrumento para la conservación in situ de la biodiversidad del país (ver más detalles en el siguiente enlace. Este sistema integrará áreas protegidas de administración pública y privada, orientadas a resguardar ecosistemas representativos, especies prioritarias y funciones ecológicas clave, permitiendo así el mantenimiento de las contribuciones de la naturaleza a las personas. Anteriormente, la administración de las distintas categorías de áreas protegidas se encontraba diseminada entre diversas instituciones públicas y figuras legales. Para resolver esta fragmentación, el artículo 56 de la ley N° 21.600 moderniza y estandariza el sistema, estableciendo seis categorías oficiales de protección (Reserva de Región Virgen, Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Nacional, Área de Conservación de Múltiples Usos y Área de Conservación de Pueblos Indígenas). Con la entrada en operaciones del SBAP, esta entidad gestionará centralizadamente el SNAP, facilitando una administración integrada. Esto permite la aplicación de instrumentos homogéneos de planificación, manejo, fiscalización y monitoreo, y mejora la coherencia entre conservación in situ y ex situ, restauración ecológica y control de amenazas.

El nuevo marco institucional fortalece la planificación ecológica, lo que permite incidir sobre las decisiones de los instrumentos de planificación territorial de manera indicativa. Asimismo, la creación de instrumentos financieros, como el Fondo Nacional de la Biodiversidad, junto con el reconocimiento de áreas protegidas privadas y paisajes de conservación, amplía la participación de actores no estatales y contribuye a movilizar financiamiento hacia la conservación local y privada.

Actualmente, el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra trabajando en la definición de los criterios que permitirán identificar y reconocer Otras Medidas Efectivas de Conservación basadas en Áreas (OMEC), en conformidad con el instructivo adoptado por la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (decisión 14/8).

Destacan además otras iniciativas de carácter sectorial, que también aportan al desarrollo de esta meta, como la protección legal de las turberas (Ley N° 21.660) o la creación de la Red de Salares Protegidos. Estas iniciativas refuerzan el enfoque ecosistémico aportando a la mitigación del cambio climático, la protección de reservas estratégicas de agua y biodiversidad, y la implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza.

En consideración a lo anterior, el Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad ha considerado prioritarias las siguientes acciones para lograr la meta:

De acuerdo con el indicador GBF 3.1: Cobertura de áreas protegidas, Chile registra actualmente un 40,56% del territorio nacional bajo alguna categoría de protección. De esta superficie protegida, el 10,62% corresponde a áreas terrestres y el 89,38% a áreas marinas.

En términos de representatividad por ámbito territorial, el 23,67% de la superficie terrestre del país se encuentra bajo alguna categoría de conservación, mientras que en el ámbito marino esta proporción alcanza el 40,77% de la superficie marina nacional.

Mayor información sobre las áreas protegidas, sus categorías y mapas complementarios en el siguiente enlace.

Chile se encuentra sobre la meta del 30% de superficie protegida en general y en áreas marinas, pero aún por debajo en áreas terrestres. La consolidación del sistema de áreas protegidas y la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas fortalecen las condiciones para cerrar la brecha restante y mejorar la efectividad y representatividad del sistema.

La desagregación por Ecosystem Functional Groups (EFG) muestra que las áreas protegidas terrestres presentan diferencias en los niveles de cobertura entre tipos de ecosistemas (ver tabla indicador 3.1).

Los principales desafíos para avanzar en la aplicación de la meta se relacionan con cerrar la brecha restante de cobertura y, especialmente, con mejorar la representatividad ecológica del sistema de áreas protegidas. Este sistema actualmente tiene un sesgo hacia sistemas marinos, dejando en porcentajes más bajos los sistemas terrestres y de aguas continentales (pero ver protección de humedales urbanos).

Esta brecha implica que zonas más vulnerables tienen menor protección, por ejemplo, de acuerdo con el indicador GBF A.1 (Lista Roja de los Ecosistemas), la zona continental de Chile Central (EFG: T1.2 - Tropical/Subtropical dry forests and thickets; T3.2 - Seasonally dry temperate heath and shrublands; T2.3 Oceanic cool temperate rainforests) concentra un alto grado de amenaza, mientras que -excepto T2.3- presentan una baja proporción de áreas protegidas, lo que limita la proyección y conservación de sus remanentes ecosistémicos.

Adicionalmente, desde el punto de vista institucional y normativo, un desafío importante derivado de la promulgación de la Ley N° 21.600 es el proceso de ordenamiento y transición de las áreas protegidas preexistentes hacia el nuevo estándar SNAP. De acuerdo con los artículos cuarto y quinto transitorios de la ley, el país debe llevar a cabo un proceso de homologación y recategorización. Mientras el artículo cuarto indica una homologación directa para ciertas categorías (como Parques o Reservas), el artículo quinto transitorio impone un desafío al revisar caso a caso figuras como Santuarios de la Naturaleza y Bienes Nacionales Protegidos. Esto requiere un extenso trabajo de actualizaciones cartográficas, reevaluación de objetos de protección y dictación de nuevos decretos.

Un ejemplo concreto de la eficacia de las medidas adoptadas para avanzar en la Meta Nacional I.1 es la creación de la Red de Salares Protegidos, aprobada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático en el marco de la Estrategia Nacional del Litio (ver enlace). Esta iniciativa establece las primeras seis nuevas áreas protegidas en la Región de Atacama, que resguardan diez salares y lagunas altoandinas, ecosistemas de alto valor ecológico y extrema fragilidad. (Para mayor información sobre el proceso de la creación de la red de salares protegidos, ver siguiente enlace). Cabe mencionar que esta red de nuevas áreas protegidas, aún se encuentra en su tramitación final para la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.

Esta Red de Salares Protegidos busca asegurar la protección de al menos un 30% de los ecosistemas salinos y lagunas altoandinas al año 2030, incrementando la superficie protegida de estos ecosistemas desde un 8% a un 32%. Las áreas protegidas aprobadas incluyen categorías de alta protección —como Parques Nacionales y, por primera vez en el país, Reservas de Región Virgen— fortaleciendo la representatividad ecológica del sistema nacional de áreas protegidas. Las nuevas áreas creadas por esta red corresponden a:

Este proceso destaca además por su enfoque de gobernanza participativa, al haber incorporado consulta pública y consulta indígena, con acuerdos alcanzados con comunidades Colla (ver siguiente enlace), integrando la conservación de la biodiversidad con el respeto a los derechos y formas de vida de las comunidades locales. La iniciativa demuestra la capacidad del Estado para articular objetivos de conservación con estrategias productivas, avanzando hacia una minería del litio basada en el desarrollo sostenible y la protección efectiva de ecosistemas estratégicos para la biodiversidad y las contribuciones de la naturaleza a las personas.

Adicionalmente, a finales de 2025, se formalizó también el proceso para consultar públicamente la incorporación de cinco nuevas áreas protegidas, en la Región de Antofagasta, en el marco de la misma red de salares protegidos, los que, una vez decretados, y previa toma de razón por la Contraloría General de la República, incorporarán cinco parques nacionales adicionales, por una superficie aproximada de 241.989 hectáreas. (ver resolución que somete a consulta pública esta propuesta en el siguiente enlace).

Otro ejemplo significativo reciente de procesos de declaratoria de nuevas áreas protegidas o extensión de áreas protegidas existentes es la ampliación, en 2025, del Parque Nacional Glaciares de Santiago (Región Metropolitana), que incorpora 25.614,9 hectáreas adicionales de superficie bajo protección. El decreto de ampliación del Parque Nacional Glaciares de Santiago se encuentra disponible en el siguiente enlace, y también se encuentra bajo proceso de revisión para la toma de razón.

La Meta Nacional I.1 “Al 2030 se protege y conserva al menos un 30% de las áreas terrestres, marino-costeras y de aguas continentales, ecológicamente representativas de la biodiversidad del país y de importancia para mantener las contribuciones de la naturaleza a las personas, por medio de áreas protegidas y otras medidas de conservación efectivas basadas en áreas” se vincula con los ODS 14 y 15.

ODS 14: Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los océanos. Conservar al menos el 10 % de las zonas costeras y marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información científica disponible. Facilitar el acceso de los pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados.

ODS 15: Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad. Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica. Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.